¿Reducción del Estado o modernización?
"Si queremos un Estado moderno es momento de que el actual gobierno asuma el liderazgo y compromiso de poner el tema en agenda; desde el Parlamento, se discuta y evalúe la pertinencia de fusionar ministerios,"
El pasado lunes 31 de agosto el Ejecutivo presentó el pedido de facultades legislativas al Congreso, el cual incluye la propuesta de establecer incentivos económicos para aquellos trabajadores públicos que decidan renunciar voluntariamente. Ello como parte de una reforma de modernización y reorganización del Estado, la cual busca fortalecer la meritocracia y ordenar los recursos humanos del sector público. (RPP, 2026)
Sin embargo, antes de discutir esta medida, es importante que sepamos qué es el Estado y la administración pública. Max Weber (2002) define al Estado como una institución de dominio de tipo institucional, que se encuentra circunscrita a un territorio determinado y reclama para sí el monopolio de poder, este último entendido como la coacción física legitima; además, se caracteriza por disponer de materiales o medios de trabajo, los cuales son administrados por funcionarios públicos, mas no son de su propiedad.
Un aspecto importante que mencionar es que, históricamente, el camino hacia lo burocrático — es decir, hacia un Estado que juzga y administra conforme a un derecho establecido y a reglamentos concebidos racionalmente — está estrechamente vinculado con el desarrollo de un capitalismo moderno. En ese sentido, la burocracia debe ser entendida como aquella forma racional en la que funciona el poder estatal. Y, desde esta perspectiva, el Estado resulta ser un aparato burocrático que ofrece las condiciones para el desarrollo económico empresarial. Esto nos conduce a tener una mirada ecuánime en cuanto a la necesidad de tener un Estado, sin que ello implique su burocratización, es decir, un incremento desmedido y sin criterio de su tamaño, y por ende de su cuerpo administrativo, de sus procesos y recursos materiales. En otras palabras, el Estado como aparato burocrático resulta necesario, el problema es su burocratización, que lo convierte en un Estado elefantiásico. (Ibid.)
Entre los años 2017 y 2025, el Sistema de Recursos Humanos del sector público ha crecido de manera sostenida en tamaño y complejidad: el empleo público registró un crecimiento acumulado del 20%, el cual representa el 9% de la Población Económicamente Activa del país. Respecto al régimen laboral, las carreras especiales — la cual agrupa a docentes, personal de salud, policía, fuerzas armadas, entre otros — se mantienen como el régimen predominante, representando el 40% de servidores públicos; seguido por el régimen laboral de los contratos administrativos de servicio (en adelante, CAS; regulado por el D.L. N° 1057), con 23%; el D.L. N° 276, con 18%; y el D.L. N° 728, con 12%. Este crecimiento en el empleo público se ve reflejado en el gasto fiscal, el cual pasó de S/ 48,284 millones en 2017 a S/ 85,260 millones en 2025. En términos de impacto en el presupuesto, la planilla pública equivale al 7% del PBI nominal y al 34% del gasto público. (Autoridad Nacional del Servicio Civil-Servir, 2026).
A partir del análisis realizado por CEPLAN (2026) a 42 políticas nacionales vigentes y en implementación durante el 2025, y en base a la formulación del Índice de Situación de las Políticas Nacionales (ISPN) — en el que en una escala de 0 a 100, los puntajes más altos son aquellas políticas que presentan un mayor avance respecto a los resultados, el despliegue de los servicios y las condiciones para el seguimiento y la mejora —, se evidencia que el 43% de las políticas presentan una baja calificación (de 0 a 40); el 55%, una calificación media (entre 41 y 60); y el 2%, una calificación media-alta (entre 61 y 80). Además, no se registraron puntajes altos, por encima de 80. Cabe precisar que las políticas analizadas difieren en cuanto al periodo de antigüedad y ello se debe considerar al momento de interpretar los resultados: 9 tienen entre uno y dos años desde su aprobación, 20 entre tres y cuatro años y 13 cuentan con cinco años o más.
Si bien estos resultados ofrecen una mirada global respecto al avance de las políticas nacionales, no sustituyen el análisis individual de cada una, el cual permite contemplar las diferencias y matices. De cierta manera y a modo de subsanar esta falencia, se ha seleccionado — por un lado — la política que obtuvo mayor puntaje (70.8), esta es la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030”, aprobada el 2021; y — por otro — aquella con la menor puntuación (8.3): la “Política Nacional de Igualdad de Género”. En este caso, el tema de la antigüedad no resulta ser un factor que favorezca el avance de la política: por el contrario, pese a que la política que aborda la igualdad de género es más antigua, no ha logrado un avance significativo. Y esto nos conduce a mirar este análisis desde una perspectiva sectorial y a plantearse la pregunta por aquellos ministerios que podrían no desaparecer, pero sí fusionarse en conformidad a la afinidad de las problemáticas que abordan, teniendo en cuenta su desempeño y resultados. (Ibid.)
A partir de lo anterior, se puede notar que, si bien el cuerpo administrativo ha crecido, ello no ha significado un avance representativo en el cierre de brechas y la generación de valor público, los cuales se abordan a través de las políticas públicas y se concretan con una gestión eficiente. Esto último nos conlleva a mirar la modernización del Estado desde el cuerpo administrativo y lo que encontramos es complejo, porque existen diversos regímenes laborales, cada uno con escalas remunerativas y beneficios sociales diferentes, generándose así un clima que no incentiva la meritocracia, la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios. Precisamente, a través de la Ley de Servicio Civil, Ley N° 30057 (El Peruano, 2013), se busca establecer un régimen único y exclusivo para quienes prestan servicios en las entidades públicas del Estado y quienes están encargados de la gestión.
Sin embargo, la reforma del servicio civil se ha visto estancada por diversos factores como: el hecho de que el tránsito de los servidores a este nuevo régimen sea voluntario y poco atractivo en lo que refiere a las compensaciones (ENAP, 2024), ha habido intentos de ex Congresistas (pertenecientes a partidos como Perú Libre, Juntos por el Perú y Cambio Democrático) por derogar la ley (Enfoque Derecho, 2024), la complejidad burocrática y heterogeneidad, la falta de voluntad política, entre otros. En ese sentido, es necesario que se revise y reformule la Ley de Servicio Civil a fin de superar todos estos desafíos.
Y esta situación se torna aún más compleja cuando en marzo de 2021, mediante la promulgación de la Ley N° 31121 (El Peruano, 2021), se elimina la temporalidad de los CAS y pasan a ser de carácter indefinido. Y aquí el problema no es la eliminación de la temporalidad, mucho menos estigmatizar a un régimen laboral en particular; porque desde la perspectiva del derecho laboral, se debe garantizar la estabilidad de los trabajadores. Lo cuestionable aquí es que se haya tomado una medida express para eliminar la temporalidad de los CAS, al incorporarlo a regímenes laborales como son el D.L. 728 o el D.L. 276, este último aplicable solo en caso de aquellas entidades en las que es el único régimen a disposición; y no se haya contemplado la reforma del servicio civil, la cual — como se ha señalado — supone el tránsito a un único régimen.
Si queremos un Estado moderno es momento de que el actual gobierno asuma el liderazgo y compromiso de poner el tema en agenda; desde el Parlamento, se discuta y evalúe la pertinencia de fusionar ministerios, así como también los desafíos que presenta la Ley de Servicio Civil; y el ente rector, en este caso, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR cuente con el respaldo del Ejecutivo para llevar a cabo esta consigna. Ello en miras de contar con un Estado eficiente, más ágil y que responda a las necesidades que demanda la población para estos tiempos.
Autoridad Nacional del Servicio Civil-Servir. (2026). Características del Servicio Civil Peruano-2025.
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN. (2026). Informe anual de Políticas Nacionales correspondiente al año 2025.
El Peruano. (2013). Ley del Servicio Civil, Ley No 30057.
El Peruano. (2021). Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, Ley N° 31131.
Enfoque Derecho. (2024). Construir o destruir: La posible derogación de la Ley del Servicio Civil y eliminación de Servir. https://enfoquederecho.com/editorial-construir-o-destruir-la-posible-derogacion-de-la-ley-del-servicio-civil-y-eliminacion-de-servir/#_ftn1
Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP. (2024). Retos y oportunidades para la reforma del servicio civil en el Perú desde un enfoque de política pública: entrevista a Guillermo Valdivieso Payva, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Saber Servir, (12).
RPP. (2026). Gobierno de Keiko Fujimori oficializa intención de reducir la planilla estatal con incentivos económicos para trabajadores que renuncien. https://rpp.pe/economia/economia/gobierno-de-keiko-fujimori-oficializa-intencion-de-reducir-la-planilla-estatal-con-incentivos-economicos-para-trabajadores-del-estado-que-renuncien-voluntariamente-noticia-1704376?ref=rpp#google_vignette
Weber, M. (2002). Economía y Sociedad (J. Winckelmann, Ed.; 2nd ed.). Fondo de Cultura Económica.
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