5 de abril de 1992: Jurídicamente reprochable, socialmente avalado

El 5 de abril de 1992 se produjo el denominado “autogolpe”. Fujimori, en un mensaje a la nación, indicaba lo siguiente: “he decidido disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República”. Si comparamos lo mencionado por Fujimori con los mensajes a la nación dados por Castillo y Vizcarra con el motivo de cerrar el Congreso, comprobaremos que los mensajes son similares; pero una palabra, emitida por Vizcarra, marca la diferencia: “he decidido disolver constitucionalmente el Congreso”.

Y es que la disolución del Congreso de Fujimori y Castillo difieren de la de Vizcarra, precisamente porque los dos primeros fueron inconstitucionales. La disolución de Fujimori se desarrolló cuando estaba vigente la Constitución de 1979, esta señalaba que el Congreso estaba compuesto por dos cámaras: El Senado y la Cámara de Diputados (art. 164); además, mencionaba que el presidente solo podía disolver la cámara de diputados si esta había censurado o negado tres veces la cuestión de confianza al Consejo de Ministros (art. 227).

Por otro lado, la Carta Magna de 1979 expresamente indicaba que no se podía disolver la cámara de senadores (art. 229). Pese a ello, Fujimori disolvió el Congreso transgrediendo todas las normas constitucionales antes citadas: justificó el cierre del Parlamento por una “evidente actitud obstruccionista” de este hacia el Ejecutivo, contradiciendo lo expresado por el artículo 227 antes mencionado; además, no solo disolvió la cámara de diputados, sino también la cámara de senadores, en un evidente acto de desacato a la Constitución.

Adicional a la disolución del Congreso, el Tribunal de Garantías Constitucionales (ahora Tribunal Constitucional), el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura pasaron al control del Gobierno de Fujimori. Todo ello, lleva a poder afirmar que lo realizado por el ex mandatario fue un acto completamente inconstitucional.

Sin embargo, como este artículo pretende ser objetivo, no se puede dejar de mencionar que la gran mayoría de peruanos respaldaron las medidas adoptadas por Fujimori. El diario Expreso publicó, el 9 de abril de 1992, las encuestas realizadas por la encuestadora APOYO. Así se ponía en manifiesto el rotundo apoyo de la población a las medidas del 5 de abril. Una de las preguntas era “¿aprueba o desaprueba la disolución del Congreso decretada por Fujimori?” obteniendo los siguientes resultados: aprueba un 71%, desaprueba un 18% y no precisa un 11%.

Estas encuestas fueron criticadas por un sector de la población, alegando que estaban manipuladas, pero esta afirmación se puede contradecir si ahondamos en la fuente de estas encuestas: las personas. En diversas entrevistas a la población se comprueba lo expresado en las encuestas, es decir, las distintas personas que eran entrevistadas en las calles manifestaban su respaldo a Fujimori (como ejemplo ver Video 1 adjuntado en esta publicación).

Adicional a ello, cabe resaltar que el abogado César Landa Arroyo, ex presidente del Tribunal Constitucional, en un evento universitario, mencionaba que en el denominado “jueves cultural” de aquel año, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se organizó un debate sobre el “autogolpe” y cuenta que sí existieron posturas a favor del accionar de Fujimori por parte de profesores de la mencionada casa de estudios. Añade que el ex decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, Jorge Avendaño Valdez, llamó a consejo de facultad para tomar posición contra un golpe de Estado y grande fue su sorpresa al constatar que algunos profesores como algunos representantes estudiantiles estaban muy contemplativos con el tema puesto que, según Landa Arroyo, se vieron seducidos por un concepto de democracia pragmática.

En síntesis, no se puede negar que el cierre del Congreso por parte de Fujimori fue un acto inconstitucional puesto que contravenía diversos artículos de la Constitución de 1979; como tampoco se puede negar que la población apoyó estas medidas. Hoy, 5 de abril del 2024, se cumplen 32 años de un suceso jurídicamente inaceptable, pero socialmente avalado.