¿Por qué la izquierda odia al APRA?

Tras cumplir cien años en el mundo y noventa y cuatro en Perú, se desconoce si la relevancia del APRA perdurará en el siglo XXI, pues, entre otras razones, es confuso ubicarlos en un algún lugar concreto del espectro político. Por haber tenido adversarios de derecha autoritaria como Fujimori, Sánchez Cerro y Odría, el APRA podría considerarse a simple vista como una izquierda democrática. Sin embargo, desde el siglo XX hasta la actualidad, las distintas izquierdas han manifestado su rechazo al partido tanto con palabras como con acciones. Especialmente en ese segundo tipo de expresión es que se denota una carga más fuerte que el rechazo, llegando en más de una ocasión al extremo de los odios. Por ello, este artículo se centrará en explicar por qué las distintas izquierdas peruanas odian al APRA. Pero, para comprender ello, es necesario repasar, primero, los aparentes cambios en el APRA cuando recién surgía para poder desarrollar los distintos ataques de la izquierda en contra del partido hasta la actualidad.

De la cercanía al marxismo a la naturaleza dialéctica

En la obra cumbre de Víctor Raúl Haya De La Torre, “El Antiimperialismo y el APRA”, se utilizan conceptos como la nacionalización de tierras e industrias y el rechazo al imperialismo correspondiente a las décadas de 1920 y 1930, así como la propuesta de una integración continental de los pueblos de Indoamérica. Por dicho enfoque, muchos han encasillado al APRA como una propuesta marxista. Sin embargo, los autores que defendían dicha etiqueta prescindieron de otras propuestas de Haya como el de la necesidad de saber tratar con el capital extranjero, pues para él era la principal fuente de desarrollo consistía en traer las nuevas tecnologías del primer mundo al subdesarrollado. Y a su vez, dicho prejuicio hacia el APRA también prescindió de la ambivalencia del imperialismo que reconocía, pues era avasallante y dominante, pero, al mismo tiempo, era dueño de la maquinaria y la fuerza tecnológica sin la cual los pueblos indoamericanos no podrían progresar (Haya, 2010).

Este nuevo enfoque del antiimperialismo fue el menos respaldado por las izquierdas más radicales y, de manera simplista y superficial, se centraron en los conceptos más cercanos al otrora marxismo. Por ello, Haya tuvo que aclarar la filosofía aprista con su tesis del Espacio-Tiempo-Histórico, la cual sostuvo que la doctrina marxista y el socialismo soviético eran inservibles para el Perú porque ni Marx ni Lenin pensaron sus ideas en la época, la geografía o la cultura que circunscribe al Perú. Por eso, el sentido dialéctico del APRA recaía en comprender que ninguna tesis está exenta de ser falsable y que, por el contrario, lo que en un momento pudo aplicarse y ser productivo, en el futuro mediano puede ser catastrófico y contraproducente (Haya, 1986). Esta ruptura con el socialismo de la época le costó al APRA sumar un nuevo enemigo, pues en muchas ocasiones se les acusó de “derechizarse”. Las principales materializaciones de dicha ruptura fueron, por un lado, el choque directo entre Haya y Mariátegui. Por otro lado, el discurso del reencuentro en 1945, donde, después de toda una década de persecución política por parte de Sánchez Cerro y Benavides, Haya, lejos de complacer a quienes buscaban venganza y radicalización, ofreció un discurso de reconciliación junto con un programa económico acorde al crecimiento y no a la simple redistribución, recalcando de forma lapidaria que “no se trata de quitar la riqueza al que la tiene, sino de crearla para el que no la tiene”.

A partir de ese escenario es que el APRA consolidó su condición de bisagra política para el Perú, pues no se alineaba ni con el fascismo ni con el comunismo y tenía el respaldo de casi el 40% del Perú en su momento. Lejos de inmunizarse de los enconos, el éxito y acierto político hizo que el APRA tuviera que enfrentar a muchos otros adversarios de izquierda durante el resto del siglo XX y lo avanzado del siglo XXI hasta la fecha.

Principales adversarios políticos de izquierda

Los enemigos del APRA, según el propio Alan García (2013), se agrupan en dos corrientes: el antiaprismo conservador y el antiaprismo comunista. El primero se ha servido, casi siempre, de estrategias oligárquicas y militaristas; mientras que el segundo ha combatido al APRA desde el discurso y la posverdad. Por la predominancia de los métodos, puede parecer que el antiaprismo conservador ha sido más letal; no obstante, y paradójicamente, el antiaprismo comunista fue el más dañino, pues han sabido camuflar su resentimiento y sus verdaderas intenciones con estratagemas como la tergiversación de la historia, la lucha armada, o, como veremos después, la judicialización de la política y politización de la justicia. Pero primero nos centraremos en los dos primeros artificios.

Como responde a un carácter más político y menos institucional (al menos durante el siglo XX), el antiaprismo de izquierda se ha manifestado desde distintos frentes. En un inicio, los socialistas dispersos mantuvieron una guerra ideológica constante contra el partido por no alinearse con la Unión Soviética. A su vez, como ya se mencionó previamente, Mariátegui también fue un duro rival a vencer, y con mayor razón después de fundar la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) por tener la condición de sindicato y, por ende, la capacidad de presionar a los gobiernos de turno en materia de derechos laborales. Sin embargo, el APRA supo dominar el escenario político en juego con el comunismo al mantenerse como una opción más cercana al centro; mientras que, por el frente sindical, el APRA también tenía fuerza e influencia.

No es sino hasta el golpe de Velasco del 3 de octubre de 1968 que la situación se tornaría completamente adversa para los apristas, pues el llamado “Gobierno Revolucionario” no solo fue el inicio del desprestigio hacia los partidos políticos tradicionales, sino que, desde la percepción pública y reforzado por el discurso comunista, las reformas velasquistas fueron percibidas como las que el APRA quiso hacer y nunca pudo. Sin embargo, y pese a lo impopular que podría ser darle la contra a un plan tan parecido al programa original aprista, Haya sostuvo desde el inicio el carácter nocivo de la economía planificada que planeaba implantar el Gobierno militar, por lo que se acentuó el desprestigio al partido y, posteriormente, se ilegalizaron al resto de partidos, iniciando así una dictadura de izquierda nacionalista. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Haya otra vez, y una profunda crisis económica enmarcada en el incremento del intervencionismo estatal directamente proporcional a la fuga de inversión extranjera (Fitzgerald, 1976) propició la salida de los militares para dar paso a una transición democrática con la Asamblea Constituyente de 1978 y las elecciones de 1980. Pero, aun así, el daño ya estaba hecho, y el sólido 40% que tuvo el APRA en su mejor época pasó a ser un 27% en 1980 (Pease y Romero, 2013) después de la muerte de Haya y el fraccionamiento del partido.

Dicha crisis, sin embargo, se suplió con la llegada de Alan García a la presidencia en 1985, elevando el respaldo popular aprista hasta casi el 50% del país. Pero la situación para los apristas se agravó con la llegada del terrorismo de otros dos nuevos enemigos del partido: Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán a la cabeza, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, liderado por el ex aprista Víctor Polay Campos. Estos últimos se sirvieron de la lucha armada para asesinar a más de 1500 apristas del total de las víctimas de la Guerra contra el Terrorismo. Además, Sendero aprovechó la llegada de los representantes de la Internacional Socialista al Perú para organizar motines en cuatro penales a la vez y, con las muertes conseguidas, desprestigiar al primer gobierno de García, el cual, ante la historia, entra en el ranking de las peores gestiones presidenciales del Perú. Dicho desprestigio y la responsabilidad con la hiperinflación hicieron que el APRA vuelva a decaer en su respaldo popular con casi un 20% en las elecciones de 1990.

No obstante, posterior a la persecución política del Fujimorato y el nuevo retorno a la democracia, Alan García retornó de su exilio a un Perú políticamente reconfigurado y, sobre todo, con un nuevo mundo completamente globalizado, sin la carga bipolar de la Guerra Fría. Ante ello, la izquierda comunista debió renovarse y, con ello, también el antiaprismo comunista. Con el llamado “socialismo del siglo XXI”, el Brasil de Lula da Silva y la Venezuela chavista patrocinaron distintos gobiernos neoizquierdistas en el continente. Y en el caso peruano, sobre todo de parte de Hugo Chávez, se respaldó abiertamente la candidatura de otro nuevo enemigo del APRA: Ollanta Humala. Este fue el principal rival para García en las elecciones del 2006; sin embargo, la estrategia aprista pudo derrotar otra vez en las urnas a la izquierda, avivando aún más el antiaprismo comunista que fracasó durante todo el siglo XX y que volvía a fracasar en democracia. Por estos motivos, el humalismo se centró durante cinco años a ser una oposición sesgada y atenta a cualquier conflicto social problemático vinculado al segundo gobierno aprista. El más conocido de estos conflictos fue el Baguazo, en el cual la posverdad sostiene que fue una masacre en contra del pueblo awajún, cuando realmente la violencia empezó en contra de policías que estuvieron secuestrados por dos meses y que fueron asesinados cuando se ordenó descongestionar la carretera Fernando Belaúnde Terry (Caretas, 2009). Durante la crisis de este conflicto, congresistas del nacionalismo viajaron a Bagua con el fin de tergiversar el contenido de decretos legislativos promulgados por el gobierno afirmando que se les quitarían sus tierras a los pobladores. Toda esta situación fue aprovechada por Humala, quien sostuvo que promovería la vacancia presidencial en contra de García. Sin embargo, sus intentos no prosperaron. No fue sino hasta el 2011, ya en el poder, que los Humala-Heredia desprestigiaron a nivel mediático y político a García y el APRA debido a su obsesión por consolidar una reelección conyugal en 2016, fin para el que, desde su percepción, García era el principal obstáculo por su carácter ajedrecista y los logros de su segundo gobierno. Empero, García denunció la estratagema cuasi kirchnerista de la pareja presidencial con anticipación e impidió, en los hechos, que los Humala-Heredia se perpetúen en el poder, apuntándose así, en la lista, otro fracaso del antiaprismo comunista.

Los adversarios mencionados hasta el momento han recurrido a diversas estrategias políticas e, incluso, a las armas para “matar” al APRA y fracasaron en el intento. Pero la estrategia que, hasta la actualidad, ha estado más cerca de cometer dicho homicidio político es la llamada judicialización de la política o politización de la justicia. Estrategia que fue estrenada en la década de 1990 y que perdura hasta nuestros días.

Acosos judiciales contra Alan García

Es conocido que el primer gobierno aprista fue acusado por diversos casos de corrupción; incluso, el antiaprismo comunista intentó comprometer a Alan García por, supuestamente, violar los derechos humanos y cometer delitos de lesa humanidad. Ante esto, se formaron dos comisiones investigadoras en el Congreso respectivamente. El caso de la masacre de los penales no prosperó pues, a nivel político, podría considerarse un acto proterrorista de parte de la izquierda. Sin embargo, la acusación por enriquecimiento ilícito sí avanzó, y los fundamentos fueron tres. El primero, sobre los aviones Mirage, sostenía que García anuló la compra a Francia para negociar coimas en otra compra similar, pero con Irak; el posible vínculo se desbarató al poco tiempo, pues durante este tiempo llegó la Guerra del Golfo y se demostró que Irak nunca poseyó esos aviones. El segundo fundamento afirmaba que García tuvo responsabilidad en la inyección de fondos del BCR en el banco BCCI, que, posteriormente, quebró; pero el vínculo con el APRA no va más allá de encontrar en el banco a tres funcionarios apristas. El último fundamento fue el más grave, pero también el más débil, pues se dijo que García tenía millones en bancos europeos, pero estos certificaron que él nunca había sido cliente; además, el investigador de la empresa norteamericana LARC que detectó las supuestas cuentas, Ralph García, fue descubierto como un conocido estafador en Miami, y este confesó en Caretas que Fernando Olivera, principal impulsor de la investigación, le envió el borrador del informe para que lo firme a cambio de un pago que, irónicamente, nunca recibió. La falta de pruebas e inconsistencias en la acusación propiciaron la absolución de los cargos al líder aprista por la Corte Suprema y otras dos Salas que ratificaron el fallo. Sin embargo, entró en juego otro factor político.

Como ya se mencionó, el fujimorato también integra la lista de autocracias persecutoras del APRA. Concretamente, en miras a asegurar la reelección en 1995, la dupla Fujimori-Montesinos tenía como principal obstáculo a Alan García. Por ello, militares tomaron la calle en la que García residía a fin de, cuanto menos, capturarlo. Pero García escapó, se asiló en Colombia y, tiempo después, en Francia, por lo que estaría fuera del ajedrez político momentáneamente. Pero para asegurar su ausencia, el fujimorato, después de remover más de 1200 magistrados en el Poder Judicial, hizo posible que la “nueva” Corte Suprema reabriera el proceso ya culminado y violando, a su vez, el principio que implica el caso al ser cosa juzgada. De esta forma, aunque no mediante los métodos iniciales, se consumó el objetivo de la izquierda comunista de dejar al APRA fuera del juego. Empero, todos estos hechos se denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejando constancia en el informe respecto al caso 11.006 (1995) y, como ya se mencionó, Alan García volvió de su exilio y pasó a segunda vuelta contra Toledo en las elecciones del 2001, donde este último ganó.

Si bien hubo rivalidad entre García y Toledo, el carácter de sus diferencias nunca transgredió el marco político. Aun así, el excesivo desprestigio presidencial por los escándalos personales y de corrupción debilitó al gobierno, y el escenario para una eventual vacancia se acentuaba cada vez más. Para evitarla, además de pactar con sectores de “izquierda caviar”, Toledo se alió con el ya mencionado Fernando Olivera, el cual manejaba suficientes votos en el Congreso para evitar su vacancia. A cambio, Olivera recibió el Ministerio de Justicia, desde donde podría nombrar procuradores para iniciar un segundo acoso judicial. Uno de los objetivos, además de aturdir, era reabrir los procesos relacionados a la masacre de los penales, esta vez sin el componente político del terrorismo y con el respaldo “caviar”. Sin embargo, Olivera fracasó una vez más, pues aparentemente el objetivo era anticiparse a las elecciones en 2006, pero como ya se mencionó, García ganó la presidencia contra Ollanta Humala y gobernó con suficiente estabilidad económica, crecimiento cercano al 8% anual, reducción de la pobreza de más de 20% y más de 130 mil obras a nivel nacional en su segundo quinquenio (Parodi, 2014).

La venganza y la angurria por el poder de los Humala-Heredia, sin embargo, se acumularon y fluyeron cuando llegaron a Palacio en 2011. Y adicional a lo político-mediático, el humalato encargó, desde el Congreso, a Sergio Tejada, dirigir un tercer acoso judicial, esta vez en torno, principalmente, al caso de los “narcoindultos”, y con el desprestigio deshacerse, así, del APRA en el 2016 y tener libre la vía re-electoral.

Ante los hechos, se indultaron a más de 5000 condenados por robo, hurto, tráfico de drogas y otros delitos similares, a lo que se le acusó a García de haber recibido mil dólares por indulto. Si bien es cuestionable tener tal flexibilidad con quienes delinquen, García hizo uso pleno de su capacidad de indulto; además, el expresidente pertenece a una generación de apristas cuyos padres fueron perseguidos y encarcelados por los militares, por lo que la razón de los indultos pudo responder a motivos emocionales. Lo que sí responde a una certeza es que las investigaciones de la “Megacomisión” no encontraron pruebas que demuestren el cobro indebido. Por el contrario, en su informe final, la propia Megacomisión señaló que Alan García no presentaba ningún desequilibrio patrimonial. De todas formas, el Congreso aprobó enviar la denuncia, pero García presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial en la que señalaba cómo la Megacomisión omitía señalarle los delitos por los que se le acusaba y que, incluso, lo interrogó por casos ya sentenciados. El Poder Judicial falló a favor del expresidente y declaró la nulidad del informe, por lo que el tercer acoso quedaba sin efecto penal, aunque no sin efecto político, pues la demolición mediática afectó gravemente al APRA en las elecciones del 2016. Dicha elección fue la primera en la que Alan García no pasaba a segunda vuelta y, peor aún, la que evidenció con mayor claridad el desgaste producto de problemas judiciales.

Pero luego explotó el escándalo Odebrecht, el cual involucró a expresidentes, ex candidatos, ex alcaldes, periodistas y hasta al presidente en funciones Pedro Pablo Kuczynski y su vicepresidente, Martín Vizcarra. Lo peculiar fue que casi todos tenían claros indicios de corrupción, mientras el caso de García seguía siendo igual de nebuloso que los de su primer gobierno y los narcoindultos. A esto se le sumó que la comisión Lava Jato del Congreso se recompuso y tenía como principales integrantes a Rosa Bartra y Karina Beteta de Fuerza Popular, Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, y Mauricio Mulder del Partido Aprista Peruano. Cuatro congresistas impopulares de los seis que conformaban la comisión. Por ello, y por la mayoría que representaban, la izquierda del Frente Amplio, antiaprista y antifujimorista, y el oficialismo de Peruanos Por el Kambio, en defensa de PPK, sostuvieron que la comisión no sería imparcial.

Dejando a un lado este factor, tanto el caso de Keiko Fujimori como el de Alan García carecían de contundencia: en el primer caso, la sospecha era acerca de aportes de Odebrecht a la campaña del fujimorismo en 2011, pero en ese entonces los aportes de privados aún no eran delito, y solo podrían configurarse como falta administrativa hasta demostrarse, en su defecto, el origen ilícito del dinero. Mientras que, con García, la acusación inicial se centraba en el caso de la línea 1 del Metro de Lima del segundo gobierno, donde el expresidente tuvo constante interés en concretar la obra, pero, más allá de ello, no se encontraron elementos para acreditar algún hecho delictivo. Tanto por dichas inconsistencias como por la mayoría de votos que contaban en la comisión, el informe final excluyó tanto a Fujimori (hija) como a García, por lo que se acusó a la Comisión de blindarlos. El informe fue aprobado en el pleno, por lo que, al menos, desde el Congreso, no sería posible acusar, otra vez, a García. Sin embargo, paralelamente, en el Ministerio Público se suscitaba otra guerra. En el curso de esos años, se normalizó copar los puestos según el compás ideológico, y su inicio fue en el caduco Consejo Nacional de la Magistratura, institución que se encargaba de nombrar, ratificar o destituir fiscales y jueces. Pero la mayor evidencia se encontró en la Fiscalía y, concretamente, en el Equipo Especial Lava Jato, liderado y coordinado por el fiscal superior Rafael Vela Barba, y articulado, entre otros miembros, por el fiscal provincial, José Domingo Pérez.

El método de estos era recurrente: primero, politizar el caso lo máximo posible. Y segundo, variar la configuración del delito según el grueso de los elementos de prueba; es decir, que, si no hay indicios suficientes para acreditar la culpabilidad del imputado, se reiniciaba la investigación, pero, esta vez, circunscrita a un delito más grave, y así sucesivamente hasta tener alcance suficiente para investigar un círculo amplio del acusado, eternizar el proceso y abusar de la prisión preventiva sin lograr condena alguna. Esta práctica se aplicó con Toledo, Kuczynski, Humala, Fujimori hija y otros políticos. Y si bien en algunos casos la culpabilidad era más clara, en otros era evidente el trasfondo político del procedimiento, y el que tuvo el final más fatídico fue el caso de Alan García.

En su caso, el primer paso fue citarlo como testigo. García se encontraba en España, por lo que no era necesario correr el riesgo de viajar a Perú para testificar. Sin embargo, el expresidente optó por asistir, como en anteriores casos ya lo había hecho, sumando más de 50 asistencias a citaciones de dicha índole. Estando en Perú, como se indicó previamente, no había elementos suficientes para investigar directamente a García, pero pocas horas antes de la audiencia sucedió algo atípico: el fiscal Pérez solicitó suspender la audiencia porque, según él, saldría a la luz información relevante para el caso. La información aludida fue publicada en exclusiva por IDL Reporteros en el momento preciso, y en el artículo se mostraban los recibos del cobro de una conferencia en Brasil de Alan García hacia un conglomerado de empresas y cuyo pago vino de Odebrecht. Esto volvió las tornas del caso, y Pérez aprovechó dicha información para mutar la tesis fiscal y reconfigurar la condición de García de testigo a acusado. Según el fiscal, los 120 mil dólares que cobró García fueron la forma de blanquear la coima por otorgar la licitación de la línea 1 del Metro de Lima a Odebrecht, y dicho montó habría salido de la llamada “Caja 2”, división de fondos que, se creía, Odebrecht utilizaba exclusivamente para sobornar a los funcionarios públicos. Empero, aquí recaen dos inconsistencias en la acusación: sobre la primera, la licitación que recibió Odebrecht por la obra en cuestión fue por concurso público, a diferencia de la línea 2 que, durante el gobierno de Humala, se le dio luz verde con postor único; por ende, aún si la coima se ofrecía, García no hubiese podido asegurarle a Odebrecht la licitación. Y en cuanto a la segunda, la conferencia de García en Brasil se dio años después de culminar el segundo gobierno, por lo que resulta inverosímil que, quien supuestamente ha sido tan hábil para ocultar millones en Europa, tenga que recurrir a un método de tal exposición para ocultar un monto tan menor.

Sin embargo, la labor de Pérez no era cuestionada por los medios pese a carecer de indicios que señalen al pago como coima, o bien tener indicios de que el dinero tiene un origen ilícito y que involucre al líder aprista en lavado de activos. Lejos de ello, en la actualidad se conoce que la Caja 2 no fue utilizada exclusivamente para coimas. Y, peor aún, en ningún momento se mencionó que el dinero sea ilícito. A pesar de todos estos vacíos argumentales, la jugada del fiscal Pérez fue incluir a García en el grupo de investigados y solicitar el impedimento de salida del país del expresidente, a lo que el juez, con la presión mediática encima, aprobó su solicitud pese a no haber peligro de fuga. Esto fue el punto de inflexión del caso, pues el pedido de detención preliminar y preventiva contra García era inminente. Luego de ello y otros incidentes que involucraban a Martín Vizcarra en un reglaje contra el líder aprista, como es conocido en la actualidad, Alan García optó por dispararse en la sien en un intento de suicidio vista la inminente llegada de la Policía para detenerlo. Y el suicidio se concretó horas después de repetidos infartos cerebrales. Puede tentar opinar sobre las razones de su suicidio. Pero lo central de este artículo es comprender por qué la izquierda ha invertido tanto en satisfacer su odio contra el APRA. Por eso es importante resaltar dos hechos que insertan directamente a Vela y Pérez en el antiaprismo comunista: el primero no es muy conocido, y se trata de una ponencia de Pérez en México en la que definió a los terroristas del Perú como guerrilleros y al período de terrorismo como guerra civil. Algo grave porque, de considerarlos parte, se justifica el genocidio perpetrado. El segundo hecho es reciente, y se relaciona con lo declarado por el cercano a Rafael Vela, Jaime Villanueva, colaborador vital sobre la corrupción enquistada en la Fiscalía. Según él, fue el propio Vela quien le vendió la información del cobro por la conferencia en Brasil de García a Gustavo Gorriti, de IDL, para impedir la salida de García del Perú y, así, cercarlo (Cárdenas, 2024). Si bien lo declarado por Villanueva debe corroborarse, esto encaja perfectamente con el orden de los hechos de aquel entonces, por lo que el sentido político del líder del Equipo Especial Lava Jato y el aún investigado por presunto enriquecimiento ilícito en el caso explicado es innegable y, por consiguiente, se pueden sumar al antiaprismo de izquierda.

Conclusión

Después de explicar sus diferencias ideológicas en sus orígenes, sus choques políticos y las persecuciones judiciales, la pregunta inicial aún persiste. Para responder a por qué la izquierda odia al APRA se pueden utilizar distintas explicaciones, pero la que predomina a lo largo de todo este artículo es una: porque el APRA no se muere. Lejos de ser una frase recurrente entre los apristas, la realidad es que, después de tantos intentos por derrotarlos en elecciones, en las calles, con las ideas, con las armas o con la “justicia”, el APRA aún perdura. El hecho de no poder derrotarlos en igualdad de condiciones parece incitarlos a ir más allá, hasta el punto de ignorar si se actúa conforme a la moral, conforme a los límites constitucionales o, incluso, si se incurre en algún delito para conseguirlo. Como se mencionó al inicio del artículo, se desconoce si el APRA está en fase terminal o solo tiene “un recodo en el camino”. Aún con la muerte de Alan García, los apristas persisten en querer mantenerse relevantes e, incluso, con aspiraciones en 2026. Lo que sí es certero es que la izquierda nunca les perdonará haberlos relegado a ser su sombra. Pero es tarea del APRA reflexionar, reponerse y volver a derrotarlos.

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Bibliografía:

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