Seguridad Ciudadana: Análisis de las propuestas de las opciones de Derecha con mayor intención de voto y la urgencia de un voto estratégico
Estamos en la última semana del proceso electoral que se llevará a cabo en el Perú este 12 de abril y las últimas encuestas nos presentan escenarios referenciales, en los que coinciden en posicionar a Keiko Fujimori de “Fuerza Popular” en el primer lugar, disputando el segundo y tercer lugar Carlos Álvarez de “País para Todos” y Rafael Lopez Aliaga de “Renovación Popular”. (CPI, 2026; Datum Internacional, 2026; IPSOS, 2026) Teniendo en cuenta que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que enfrente el país (Proetica, 2025) y que la violencia delictiva ha incrementado[1] (INEI, 2026), se presenta a continuación las propuestas presentadas en los planes de gobiernos de los tres candidatos que lideran las encuestas de intención de voto en torno a esta problemática y que como electores nos compete conocer.
Fuerza Popular (2026) aborda el tema como orden ciudadano. Las primeras propuestas se centran en la prevención social y modernización institucional. Por un lado, se propone programas educativos, deportivos, becas y oportunidades laborales con el fin de que menores no tengan opción de involucrarse en delitos; al mismo tiempo que busca recuperar los espacios públicos a través de acciones integradas de iluminación y vigilancia. Por otra parte, contempla la iniciativa de realizar una reforma profunda de la formación policial, elevando los estándares éticos y profesionales mediante convenios y cooperación internacionales; además, enfatiza el uso de tecnología y equipos de vanguardia que permita optimizar la respuesta policial; y busca unificar la información delictiva en plataformas digitales con el fin de facilitar la toma de decisiones basada en datos reales.
Respecto al combate y control, se propone el establecimiento del Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y el Crimen Organizado, liderado por la Presidencia, y la implementación de Centros de Comando y Videovigilancia interconectados a nivel nacional, en los que además del uso de patrulleros y cámaras, se incorpore la inteligencia artificial para anticipar actos delictivos en tiempo real. Un aspecto fundamental es el control de las cadenas de valor criminales para de atacar directamente el flujo de economías ilegales, tales como la minería y el narcotráfico. Asimismo, se busca reforzar la vigilancia fronteriza y proteger a las micro y pequeñas empresas (MYPES), a través de facultades legislativas especiales y unidades de inteligencia especializadas.
Por último, las medidas vinculadas al procesamiento del delito buscan modernizar el sistema de justicia a través de reformas en las que se priorice la eficiencia procesal e interoperabilidad tecnológica entre instituciones; además de construir una infraestructura penitenciaria en la que se combine una vigilancia de máxima seguridad por las fuerzas armadas, así como un control estricto de las comunicaciones para evitar la comisión de delitos desde las cárceles y se disponga de programas de rehabilitación mediante el trabajo comunitario penitenciario.
Las propuestas de País para Todos (2026) sobre seguridad ciudadana se desarrollan en la dimensión institucional[2]. A partir de los problemas identificados, se plantea propuestas como reducir los homicidios y extorsiones, fortaleciendo la capacidad de prevención, control y respuesta del Estado; incrementar la presencia policial, fortalecer su capacidad en investigación de delitos y mejorar la calidad en la atención al ciudadano al momento de presentar las denuncias; fortalecer a la institución policial en función de un rediseño organizacional y fomentar la carrera policial junto a la especialización de funciones; fortalecer la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, con el objetivo de garantizar que las investigaciones de delitos se traduzcan en resoluciones efectivas que culminen en sentencias y decisiones finales; incorporar el uso de tecnología en la investigación criminal; reforzar la seguridad y eliminar las comunicaciones ilícitas en los penales para neutralizar que bandas criminales operen desde ahí; implementar una reforma del sistema penitenciario con sustento normativo, operativo y presupuestario, en el que se incorpore la meritocracia y el régimen de carrera penitenciaria desde cargos directivos.
A nivel preventivo, se busca implementar un modelo de prevención comunitaria del delito en el que participe el MINSA con servicios de salud mental y el MINEDU, con programas de prevención de la violencia y fortalecimiento de habilidades socioemocionales, además de los gobiernos locales; así como también se propone un modelo de intervención diferenciada en el sistema de justicia juvenil, basado en perfiles de riesgo y trayectorias delictivas. Por último, se plantea una mayor celeridad en los plazos del proceso para acceder a la justicia y ampliar la cobertura en el acceso a la justicia en zonas de frontera, rurales y vulnerables.
Por su parte, Renovación Popular (2026) sitúa la seguridad ciudadana dentro del eje “Seguridad y Justicia”, en el que plantea una lucha frontal contra la extorsión, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico. En este plan, se propone una reforma total del Poder Judicial bajo un modelo meritocrático, el cual permita atraer talento y desarrollar una línea de carrera; a la vez que plantea el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de poder aplicar medidas como la pena de muerte. En el ámbito operativo, se sugiere una inversión de $ 1000 millones de dólares en inteligencia y profesionalización de las fuerzas del orden a través de mejores incentivos salariales y becas; además de plantear la estrategia de optimizar las labores de inteligencia y patrullaje policial, liberando a efectivos policiales de labores administrativas. Finalmente, se propone enviar a delincuentes de alta peligrosidad a cárceles aisladas en la selva y establecer la cadena perpetua para delitos como la extorsión, el sicariato y la corrupción en funcionarios.
Una particularidad del plan de “Fuerza Popular” es que presenta un diagnóstico de la problemática, sus principales causas y, a partir de ello, propone medidas alcanzables. Desde una mirada técnica, las propuestas son sólidas; sin embargo, ello no basta en el juego político. Dado que Keiko Fujimori hereda los pasivos de su padre en la presidencia, juega un rol en la política parlamentaria que trae desconcierto y coadyuva a capitalizar el descontento social promovido por los grupos de izquierda. Ello conlleva y la historia respalda (elecciones del 2011, 2016 y 2021) que, ante una segunda vuelta, quien compita con Keiko tenga una gran probabilidad de ganarle, ya que el elector orienta su voto movido más por el anti-keikismo, que por una decisión ecuánime.
En cuanto al plan de “País para Todos”, un aspecto llamativo de este documento es que inicia con un discurso presentado a modo de prosa y que, desde una mirada artística, suena bien y tiene sentido. Pero no basta solo arte y una conciencia ciudadana para liderar un país, sino que es importante contar con una sólida preparación técnica, el conocimiento de cómo funciona el Estado y la experiencia en gestión pública, aspectos que no se identifican en la hoja de vida del candidato Carlos Álvarez. (JNE, 2026) Además, es importante conocer el equipo que lo acompaña y, en esta ocasión, Álvarez lleva como vicepresidenta a la Sra. María Cristina Chambizea Reyes, quien presenta fuertes cuestionamientos por sus vínculos con la izquierda. (Correo, 2026)
En relación con el plan de “Renovación Popular”, un aspecto distintivo de las propuestas en materia de seguridad ciudadana (y quizás el factor que ocasiona tanto temor) es que irrumpe con el status quo, al proponer cambios profundos en la administración de justicia y el enfoque de derechos humanos. Además, este plan se caracteriza en líneas generales por presentar propuestas concretas y realizables, las cuales reflejan el carácter pragmático de su líder y es así como Lopez Aliaga se describe. Precisamente, este pragmatismo (necesario en la gestión pública) le ha jugado en contra en el escenario político, ya que ha recibido fuertes críticas tras la suspensión judicial del cobro de peajes por Rutas de Lima y en el que se le acusó de haber endeudado al Perú por una cifra que asciende los 200 mil millones de dólares; sin embargo, este caso ha dado un giro histórico que permitirá al Estado peruano rastrear los fondos durante el periodo en el que la empresa Brookfield adquirió la participación mayoritaria cuando Odebrecht se encontraba en operación. Otro de los cuestionamientos ha sido la adquisición de los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain, los cuales – más allá de aspectos técnicos, ambientales y de financiamiento – aún no logran ser puestos en marcha, debido a la falta de voluntad política de actores clave como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (Expreso, 2025; Infobae, 2025)
Estamos a puertas de entrar a elecciones y es importante que conozcamos los planes de gobierno de los candidatos, pero no solo quedarnos en una lectura plana (porque, al fin de cuentas, el papel aguanta todo), sino ir más allá de lo documentario y formal, y realizar un balance en la revisión de sus hojas de vida, equipo que lo acompaña y trayectoria política. El hecho de tener que elegir entre 35 candidatos presidenciales constituye en sí mismo un desafío, pues refleja un escenario de fragmentación política que convierte el proceso electoral en un complejo juego de estrategias. Esta situación demanda de nosotros la necesidad de ejercer un voto estratégico: uno, en el que luego de ponderar nuestras creencias sobre las posibilidades de los distintos candidatos, nos lleve a optar por aquel que, aunque no represente nuestra primera opción, nos permita evitar poner en riesgo el destino del país y colocarnos en escenarios electorales antes ya vividos. (Lago, 2003)
[1] Según datos del Instituto nacional de Estadística e Informática, el Perú registró una tasa de homicidios de 10.7 víctimas por cada 100 mil habitantes en el año 2025, cifra superior al periodo 2021-2024.
[2] Las propuestas han sido organizadas en cuatro dimensiones, las cuales son: social, institucional, económica y territorial-ambiental.
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